El artículo 20 de la Constitución Española recoge el derecho a comunicar y recibir información veraz. También se recogen el derecho a honor, la intimidad, la propia imagen, la protección de la infancia y la juventud como límites a este derecho a la información.
Podemos preguntarnos ¿quien ó quienes velan poque los medios cumplan esta obligación respetando los derechos ya aludidos?
Los medios, en general han preferido apelar a la autorregulación. Hoy en día, casi todos los paises europeos tienen Consejos de Prensa o entidades de control que velan por el buen ejercicio de la profesión periodística. En Portugal y Dinamarca son organismos estatales, en Italia depende del Colegio Profesional de los Periodistas y en paises como Gran Bretaña, Finlandia y Suiza son organismos auto-regulados.
España no dispone de un Consejo Audiovisual Estatal, pero el gobierno prepara un proyecto para esta legislatura, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales..
Sus posibles características serían:
El CEMA estará integrado por siete miembros y serán designados por una mayoría de dos tercios en el Congreso. Su mandato se prolongará por espacio de 6 años, dos más que la duración de una legislatura.
Las competencias del Consejo son bastante amplias, aunque a diferencia del Consejo Audiovisual Catalán (CAC), no tiene potestad para adjudicar licencias de radio o televisión.
El nuevo órgano, en concreto, tendrá competencias para “controlar, inspeccionar y sancionar a los operadores de radio y televisión”.
La Independencia y Neutralidad deben ser los rasgos comunes a estos órganos. La Independencia se manifiesta por la desvinculación de las directrices políticas del gobierno (actualmente los miembros del CAC son elegidos por el parlamento, por una mayoría de dos tercios). También debe exisitir un régimen de incompatibilidades, prohibiendo a los consejeros ejercer cualquier cargo político o relacionado con empresas del sectory sus decisiones sólo pueden ser fiscalizadas por los Tribunales contencios-administrativo.
Yo opino que siempre es mejor dejar la tutela de estos derechos constitucionales a un ente independiente que no siga las directrices del gobierno de turno, pero también el estado debe velar por los derechos constitucionales. Aunque tambien hay personas que opinan que se trata de una censura administrativa y una mordaza contra los periodistas.
Piensan que con la excusa de proteger la infancia, el honor o la intimidad, el Consejo puede intervenir en las televisiones, con multas y la posible revocación de la concesión, cuando las infracciones sean graves. Se trataría de una nueva vuelta de tuerca intervencionista del gobierno , después del antecedente del Consejo Audiovisual de Cataluña o del Consejo Audiovisual de Andalucia.
http://www.cac.cat/
http://rayuela.uc3m.es/~tony/webmdoca/ana_mateos/nac_ca_cn01.html
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